Democratización y reforma constitucional (5) – Apoyo e insatisfacción con la democracia, partidos políticos y corrupción

En las anteriores entregas hemos abordado algunas de las relaciones entre democratización y reforma constitucional desde el punto de vista de las ciencias sociales y la filosofía política. En esta se resaltan las principales conclusiones que pueden derivarse de la encuesta Latinobarómetro de 2021 acerca de las percepciones de la democracia, los partidos políticos y la corrupción en América Latina. Esas percepciones dan clara cuenta de un deterioro de las instituciones democráticas, surgimiento de dictaduras y autoritarismos.

Estas fallas de la democracia sólo podrían enfrentarse, como señala Castells, “redemocratizando la democracia”. Esto supone crear condiciones facilitantes para la promoción de más y mejor democracia. Esto implica que los grupos menos aventajados de la sociedad logren la calidad de nuevos agentes institucionalmente reconocidos en la esfera pública, y que gocen de variados recursos organizacionales y competencias políticas y técnicas para participar en el proceso de toma de decisiones políticas. Este es un desarrollo de larga duración que requeriría de políticas específicas de incorporación al sistema político de nuevos grupos de la sociedad civil, consensuadas por todos los actores del sistema político establecido. Como nos recuerda Castells, a diferencia de los partidos políticos empeñados en la gestión de las instituciones convencionales, los movimientos sociales que reclama más democracia podrían representar una gran oportunidad para reflexionar en la profundización de la democracia. El clamor por una mayor democracia participativa podría llegar a generar y legitimar nuevas formas de democracia representativa.

Nuestro estudio de las percepciones sobre la democracia, los partidos políticos y la corrupción se da en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas en América Latina. En este sentido, tengamos en cuenta que en los últimos diez años dos países retrocedieron a regímenes dictatoriales, Venezuela y Nicaragua, y se ha observado un deterioro de la democracia en Ecuador, Brasil, El Salvador y Perú[1].

Ecuador ha debido enfrentar una creciente debilidad de los partidos políticos como resultado de un sistema fragmentado (11 partidos), lo que dificulta la gobernabilidad.

En Brasil, Jair Bolsonaro, pese a ser electo con gran apoyo popular (57 millones de votos), enfrentó múltiples peticiones de impeachment en el parlamento, así como altos niveles de crítica por su manejo de la pandemia. También atacó en innumerables ocasiones a los jueces de la Corte Suprema que seguían (y aún siguen) las causas en su contra. Además, estuvieron presentes las posturas antidemocráticas de sus adeptos, y alusiones a un eventual golpe de Estado en el marco de la campaña presidencial en la que enfrentó al expresidente Lula da Silva, quien finalmente ganó las elecciones del 30 de octubre de 2022. Estos temores se materializaron el 8 de enero de 2023, cuando cientos de miles de sus seguidores irrumpieron en edificios gubernamentales, un hecho muy similar al asalto del capitolio llevado a cabo por los seguidores de Donald Trump el 6 de enero de 2021.

Por otra parte, el gobierno de Bukele en El Salvador estaría en camino de transformarse en una autocracia populista: el 63% de los salvadoreños estaría de acuerdo con una solución no democrática a los problemas que enfrenta su país. A fines de 2022 Bukele anunció su intención de presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales de 2024 luego de que la Corte Suprema aprobara su reelección. Hay que señalar que la Corte -conformada por integrantes afines al presidente luego de la destitución de todos los jueces por parte de la Asamblea Legislativa-, contravino la Constitución salvadoreña, que prohibía la reelección inmediata.

Perú ha vivido un largo proceso de degradación democrática y corrupción que se arrastra desde el gobierno de Alberto Fujimori. Desde el término del gobierno de Ollanta Umala (2011-2016) ningún presidente peruano ha logrado gobernar hasta el fin de su mandato. La fragmentación política ha impedido el desarrollo de gobiernos estables, haciendo que la base de apoyo presidencial sea muy débil. El presidente Pedro Castillo, por ejemplo, en primera vuelta electoral logró apenas el 18,9% de los votos, y su triunfo electoral se explica más por haber agrupado a las fuerzas antifujimoristas en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. La excesiva fragmentación también acarreó problemas al gobierno de Castillo, quien fue destituido luego de intentar disolver el congreso, lo que fue percibido como un intento de autogolpe en el Perú.

Percepciones sobre la democracia, partidos políticos y corrupción

En las anteriores entregas hemos discutido las relaciones entre democratización y reforma constitucional desde el punto de vista de las ciencias sociales y la filosofía política. En esta nueva entrega, nuestro énfasis es resaltar las principales conclusiones que pueden derivarse de la encuesta de Latinobarómetro acerca de las percepciones de la democracia, los partidos políticos y la corrupción en América Latina.

Apoyo a la democracia

El apoyo a la democracia venía deteriorándose desde la última década hasta 2018. Entre 2010 y 2018 el apoyo a la democracia había caído de 63% a 48%, y en 2020 esta tendencia habría experimentado un leve retroceso, subiendo en un punto porcentual el apoyo a la democracia. Previamente al impacto de la pandemia, 2019 fue un año marcado por importantes protestas en Chile, Colombia y Ecuador, como resultado de la desigualdad social, discriminación, pobreza y el estancamiento de la economía.

En resumen, el 49% de los latinoamericanos apoyaba la democracia, un 13% el autoritarismo, y aquellos que eran indiferentes con respecto al régimen de gobierno eran un 27%. En Chile, el apoyo a la democracia se ha mantenido fluctuante pero nunca ha sido inferior al 50% de la población (2002). Para 2020, en cambio, el apoyo a la democracia alcanzaba el 60%. Al respecto, Chile se ubicaaba entre aquellos países con un mayor nivel de apoyo a la democracia en América Latina, siendo superado sólo por Uruguay (74%) y Costa Rica (67%). Más adelante nos referimos a Chile en forma más detallada.

No consideramos en este apartado el caso de Venezuela. Un 69% de los encuestados declaraba su apoyo a la democracia, pese a la total inobservancia de las reglas de la democracia. Es decir, decían apoyar una democracia, pero vivían en un régimen dictatorial.

Los indiferentes, estos eran a quienes les daba lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, a nivel latinoamericano alcanzan un 27%. Chile estaba por debajo del promedio del continente con sólo un 21%. Con respecto al apoyo a los gobiernos autoritarios el 13% de la población latinoamericana prefería un gobierno autoritario a uno democrático, siendo el caso más bajo Uruguay con un 8%. El apoyo a los autoritarismos a nivel latinoamericano descendió de un 19% en 2001 -su punto más alto- a un 13% en 2020. Chile nuevamente se mantenía por debajo del promedio con un 12% de personas que consideraban preferible un gobierno autoritario por sobre un gobierno democrático.

Con respecto al perfil de aquellas personas que apoyaban la democracia, en general, a medida en que aumentaba su edad aumentaba su porcentaje de apoyo. El 65% de los mayores de 60 años apoyaban la democracia, frente a un 50% de los menores de 25 años. Quienes eran indiferentes con la democracia disminuían con la edad: el 23% de los mayores de 60 años eran indiferentes frente a un 31% de los menores de 25 años.

Con relación a la variable educación, se corroboró que a mayor educación existía un mayor apoyo a la democracia. El 51% de los encuestados con educación básica apoyaba la democracia mientras que en el caso de aquellos que contaban con educación superior aumentaba al 64%. En cuanto a la indiferencia hacia la democracia, en la medida en que aumentaba la educación disminuía esta variable. Un 35% de los encuestados con educación básica era indiferentes a la democracia, frente al 21% de quienes contaban con estudios superiores.

Finalmente se observó que, en términos de posición de clase, la clase media era aquella que concentraba el mayor porcentaje de apoyo a la democracia con 58%. La clase alta en cambio reducía su apoyo a la democracia a un 43%, mientras que para el caso de la clase baja era de 53%. Con respecto al apoyo del autoritarismo, este era más alto en la clase alta (18%) que en la clase baja (13%).

Percepciones sobre una democracia plena

Solo el 6% de los habitantes de la región consideraba que en su país existía una democracia plena, lo que reflejaría las deficiencias de este tipo de régimen. Gran parte de la población creía que la democracia adolecía de problemas en su país. En promedio, el 45% de los latinoamericanos consideraba que la democracia adolecía de graves problemas, ubicándose Chile por sobre el promedio con un 54%. Aquellos que creían que, pese a sus problemas, la democracia era el mejor sistema de gobierno habrían ido cayendo sistemáticamente de un 79% en 2013 a un 65% en 2008 y a un 63% en 2020. Pese al descontento indicado anteriormente, el 74% de los chilenos consideraba que la democracia, independiente de sus problemas, era el mejor sistema de gobierno, siendo sólo superado por Costa Rica (76%) y Uruguay (86%). Honduras, por el contrario, tuvo un 43% lo que sería un reflejo de su fragilidad.

Insatisfacción con la democracia y apoyo a los autoritarismos

La insatisfacción con la democracia en América Latina ha aumentado del 51% en 2013 al 72% en 2018, para bajar al 70% en 2020. Quienes estaban satisfechos con la democracia disminuyeron en cambio del 45% en 2009 al 25% en 2020. Aquellos países que estarían más satisfechos con su democracia eran Uruguay (68%), El Salvador (46%) y República Dominicana (39%). Los más insatisfechos eran Ecuador (10%) Perú (11%) y Honduras (15%). Para el caso específico de Chile, se identificó un bajo grado de satisfacción con la democracia (18%).

Con respecto al apoyo a regímenes autoritarios y a las dictaduras militares se evidenció que quienes no apoyarían de ninguna forma a un gobierno militar aumentaron de un 56% en 2004 a un 62% en 2020. Esto reflejaría que, pese a la crisis económica y sanitaria, a nivel general existía un rechazo a la intervención militar como forma de resolución de los problemas nacionales. Este indicador era particularmente alto en Paraguay (44%), Guatemala (45%), Perú (48%) y Honduras (51%). En el caso particular de Chile, el 72% declaró no apoyar en ninguna circunstancia un gobierno militar.

Por otra parte, habría aumentado el apoyo a soluciones no democráticas a la crisis. Nos estamos refiriendo a autoritarismos de tipo autocráticos o populismos, no a las dictaduras militares. Este tipo de soluciones concitababa el apoyo del 51% de los latinoamericanos, mientras que Chile exhibía el indicador más bajo con un 30%. Asimismo, con respecto al control de medios de comunicación, el 34% de los latinoamericanos estaba de acuerdo con que, en caso de dificultades, el presidente controlara los medios de comunicación. En Chile sólo estaba de acuerdo con dicha medida el 18%.

Partidos Políticos

Los partidos políticos representaban la institución de la democracia que concita la menor confianza por parte de los ciudadanos a nivel general. La ciudadanía se sentiría distante de los partidos políticos. Para 2020 solo el 29% de los ciudadanos se sentía cercano a un partido político. Esta es una caída de 16 puntos con respecto a 2010, en que el 45% de la ciudadanía se sentía cercana a los partidos políticos. En el caso de Chile sólo el 22% de la ciudadanía se sentía cercana a los partidos políticos.

Uno de los factores que explicaría este fenómeno es el aumento del número de partidos, que se traduce en que los militantes abandonan los viejos partidos para crear otros nuevos, mientras que nuevos movimientos se transforman en partidos. Esto habría redundado en una atomización del sistema de partidos con su consiguiente impacto sobre la gobernabilidad, debido a la dificultad que existe al momento de formar coaliciones para gobernar y legislar.

También se constató una relación inversa entre el número de partidos y la afección política por parte de la ciudadanía: mientras más partidos existan, los electores muestran menos preferencia por ellos. En el estudio de Latinobarómetro se observó una gran dispersión en torno a la intención de voto: mientras en Uruguay y República Dominicana existía una alta proporción de la población que votaba por un partido político (73-66% respectivamente), en Perú y Guatemala era muy baja (15-9% respectivamente). El promedio latinoamericano se ubicó en 37% y Chile se ubicó por debajo de esta cifra con un 21%.

Corrupción

La percepción del aumento de la corrupción en América Latina ha disminuido del 62% en 2016 al 57% en 2020. Chile estaba por sobre el promedio con un 73% de ciudadanos que percibían que la corrupción había aumentado en el país, ubicándose sólo por debajo de Venezuela con un 75%.

En cuanto al progreso en la lucha contra la corrupción, no se observaron cambios significativos. El porcentaje de personas que creía que había existido un avance en la lucha contra la corrupción varió del 23% en 2004 a un máximo de 36% en 2010, para reducirse a un 29% en 2020. En Chile sólo un 17% consideraba que hubo avances en la lucha contra la corrupción.

Al referirse a los involucrados en actos de corrupción, se percibía que no había grupos importantes que se libraran de la desconfianza de la ciudadanía. Quienes estaban bajo sospecha de ser corruptos eran: el Presidente (58%), el parlamento (55%), la policía (50%), jueces y magistrados (47%), el gobierno local (41%), empleados públicos (34%), empresarios (32%), funcionarios de oficina nacional de impuestos (29%), líderes religiosos (24%) y algunas familias (16%).

La situación chilena

La encuesta CEP número 88 de noviembre-diciembre de 2022 arrojó algunos datos que mostrarían un cambio en la opinión pública hacia patrones más autoritarios, en comparación con años anteriores[2]. Ante la pregunta ¿Con qué frecuencia Ud. justificaría o no justificaría las siguientes acciones? el 38% sostuvo que nunca o casi nunca justificaría participar en una marcha como forma de protesta, frente a un 29% en diciembre de 2019. Lo mismo ocurría en el caso de la evasión del pago del transporte público (66% en noviembre-diciembre de 2022 v/s 58% en diciembre de 2019), o participar de barricadas o destrozos como forma de protesta (94% en noviembre-diciembre de 2022 v/s 80% en diciembre de 2019). El 56% de los encuestados en noviembre-diciembre de 2022 estaba de acuerdo con que Carabineros empleara la fuerza para controlar grupos violentistas en las marchas, frente a un 30% en agosto de 2021.

Ante la pregunta ¿Cómo calificaría Ud. la actual situación política en Chile?, el 64% la calificaba como mala-muy mala frente al 52% en abril-mayo de 2022. Con respecto a la valoración de la democracia, la tabla 1 da cuenta de la evolución de los indicadores entre 2017 y 2022.

Como se aprecia, la valoración de la democracia aumentó en el periodo post estallido social, hasta ubicarse en niveles similares al periodo pre estallido. El apoyo a los regímenes autoritarios observó una caída en el periodo post estallido social, para luego alcanzar el nivel pre estallido en noviembre-diciembre de 2022. El único indicador que presenta variaciones significativas sería el de indiferencia hacia la democracia, que experimentó un alza de 5 puntos porcentuales entre abril-mayo de 2017 y noviembre-diciembre de 2022.

Debemos considerar que probablemente estas percepciones se hayan modificado en el contexto de triunfo electoral de la ultraderecha chilena en la elección de Consejeros Constituyentes del 7 de mayo de 2023.

Movimientos sociales y cambio institucional

Una respuesta adecuada a los desafíos que vive la democracia en América Latina supone que los grupos menos aventajados de la sociedad logren establecer formas institucionales, obtener variados recursos organizacionales y gozar de competencias políticas y técnicas para participar en las distintas instancias estatales: ejecutivas, parlamentarias y respectivos aparatos burocráticos. Esto facilitaría la búsqueda de un consenso sobre las mejores soluciones deseables y posibles a sus problemas. En la apreciación de los límites de lo posible la opinión técnica cumpliría un lugar importante, pero esto no significa renunciar a la definición de lo que es deseable según las exigencias de la justicia distributiva destinadas a corregir las desigualdades que el mercado desregulado tiende a generar de manera mecánica.

Ciertamente, lo que se ha llamado respuesta democrática implica un cambio de gran envergadura que afecta las normas e instituciones que estructuran las prácticas sociales. Las instituciones son el resultado de conflictos y acuerdos entre los actores sociales que dan lugar a la constitución de la sociedad en conformidad con sus valores e intereses. Como señala Castells, el cambio de valores e intereses representa un cambio cultural y su interacción con el cambio político genera el cambio social. El cambio político acontece cuando el sistema político se apropia de los nuevos valores. Los actores que pretenden cambiar los valores e intereses vigentes en discontinuidad con la racionalidad incorporada en la institucionalidad existente son los portadores de las políticas insurgentes. A diferencia de los partidos políticos empeñados en la gestión de las instituciones convencionales, los movimientos sociales representan una gran oportunidad para la profundización de la democracia. El clamor por una mayor democracia participativa puede llegar a generar y legitimar nuevas formas de democracia representativa[3].

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[1] Este estudio está basado en los datos analizados por Corporación Latinobarómetro en Adiós a Macondo, Informe 2021. Disponible en https://bit.ly/3ZMNo21.  Latinobarómetro posee el banco de datos en español más visitado en el mundo y el segundo después del Estudio Mundial de Valores. Desde 1995 y hasta 2018 se habían aplicado 433.613 entrevistas lo que sumado a las 20.204 entrevistas de 2020 se acumula una base de datos en 25 años de un total de 453.817 entrevistas. El semanario The Economist ha publicado durante 20 años seguidos un reporte exclusivo de sus datos antes de la publicación del informe general.

[2] Centro de Estudios Públicos (CEP), “Estudio Nacional de Opinión Pública. Encuesta CEP 88”, actualizada al 11 de enero de 2023 Disponible en https://bit.ly/3LDAYp4

[3] Castells, M., Comunicación y Poder (Madrid: Alianza, 2009); Redes de Indignación y Esperanza (Madrid: Alianza, 2012). Ver también el apartado “Manuel Castells: Redemocratizar la democracia” en Cap. II. “El caso de Chile y sus semejanzas con las visiones polares que rechazan la crisis y aquellas que postulan una turbulencia caótica” en Pizarro, C., Vergara, E. eds., Capitalismo histórico y democracia ¿desequilibrios evolutivos normales o caóticos?, Valparaíso: CRUV – Foro Valparaíso – EUV, 2022, pp. 36-39.