¿Regularización acotada o expulsión ilimitada?

La hora actual no es para escuchar a agitadores que, compitiendo en paroxismo populista, vulgarizan una materia tan compleja como el fenómeno migratorio, mediante bravuconadas que solo atienden a sus particulares conveniencias electorales. No. Es la hora de respaldar el único camino serio para asegurar una migración segura, ordenada y regular. 

El gobierno anunció que se estudia un proceso de regularización de inmigrantes, acotada a quienes voluntariamente concurrieron al proceso de empadronamiento biométrico, carecen de antecedentes penales y poseen un arraigo familiar o laboral en el país. La noticia sólo encontró oposición en actores de partidos políticos. En cambio, ha sido acogida favorablemente por el empresariado, la Iglesia católica y académicos.

Es evidente que estos últimos sectores han leído correctamente la realidad, que aconseja dicho proceso no solo porque conviene a los y las migrantes, sino porque es necesario y provechoso para el país. Por el contrario, en los parlamentarios que han elevado su voz con exaltadas consignas, tales como “perdonazo”, “premio”, etc. parecieran primar, lamentablemente, solo intereses electorales, que apuntan a no perder el respaldo de electores convencidos por esos mismos congresistas de que todos los inmigrantes irregulares son delincuentes y que es posible y factible expulsar a cientos de miles de personas. Este mero interés electoral cobra mayor evidencia si se considera que algunos parlamentarios oficialistas se plegaron, aunque con cierto rubor, a las posiciones críticas.

La realidad muestra que en el país residirían, al menos, doscientas mil personas en situación de irregularidad, de las cuales 182.000 concurrieron a empadronarse. Estas personas concurrieron, con honesta certidumbre y sin temor, a proporcionar sus antecedentes personales y domicilios, exhibir sus rostros para ser fotografiados y ofrecer sus huellas dactilares, con la expectativa de poder radicarse regularmente y trabajar en el país. Esta actitud de honradez se explica porque quienes se empadronaron integran familias ya arraigadas en el país, que ingresaron en su gran mayoría bajo el gobierno del presidente Piñera y cuyos hijos asisten regularmente a escuelas o liceos.

El país posee la experiencia de procesos de regularización exitosos, que han derivado en una virtuosa integración laboral y social de las familias, como fueron la regularización de 1998, bajo el mandato del presidente Frei Ruiz-Tagle, que favoreció a 23 mil personas[1], y la de 2007, durante la Administración Bachelet, que permitió la regularización de 45 mil personas, en su mayoría de nacionalidad peruana[2].

Con todo, los más voluminosos procesos de este tipo, también exitosos, fueron impulsados por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el primero en 2018, dirigido especialmente a inmigrantes haitianos, el cual favoreció a 137.000 personas[3], y el segundo en 2021 -incluido en la nueva Ley de Migración y Extranjería[4]– que favoreció a cerca de doscientas mil personas[5]. Todas esas familias se hallan incorporadas, sin alterar en nada la convivencia nacional, en beneficio de la seguridad ciudadana, y aportan a la economía del país, mediante su trabajo, las cotizaciones previsionales y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Hoy, el contexto de una crisis migratoria regional generada en Venezuela, la mayor en la historia de América del Sur, de la que Chile es tributario, explica el desbordamiento de migrantes pobres, desde el verano de 2021, cuyo ingreso irregular ha disminuido, gracias al mayor control de la frontera y el auxilio del Ejército. Esta mengua de los ingresos ilegales ha originado una coyuntura propicia, que se debe aprovechar ya, para retomar el ejemplo de los anteriores procesos de regularización, aunque elevando las exigencias relativas a los antecedentes penales, para erradicar una situación que solo produce perniciosas consecuencias a las y los extranjeros y al país.

Procediendo a la regularización se da cumplimiento, además, a lo estipulado por la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la cual Chile es parte y que posee rango constitucional, en cuanto “los Estados Parte en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista”[6].

Aquellos delirantes actores políticos que han utilizado su tribuna para atacar el solo anuncio de que se está estudiando un proceso de regularización acotada -anunciando con frenesí hasta una reforma constitucional-  ignoran, o simulan ignorar, que la irregularidad migratoria es el principal incentivo para la desviación de la conducta de las personas hacia actividades ilícitas, puesto que su inaccesibilidad al trabajo formal y a soluciones habitacionales regulares fomenta el sometimiento a las mafias proveedoras del comercio ambulante, la delincuencia menor para la subsistencia e, incluso, permite al crimen organizado aprovechar su vulnerabilidad para captar a los individuos más sumisos como colaboradores suyos.

Esos personajes políticos también ignoran, o simulan ignorar, que su demagógica consigna –“expulsar a todos”- es impracticable y que, al propagarla, se hacen responsables de perpetuar, en perjuicio del país, la actual situación que el gobierno se propone superar. Que en la Administración anterior se acumularon 24.000 órdenes de expulsión sin posibilidad de ejecutar[7] habla por sí solo de tal dificultad. Los pregoneros de la expulsión masiva ni siquiera se han dado el trabajo de ponderar el costo financiero- ciento setenta y cinco mil millones de pesos[8]– las dificultades logísticas, las consecuencias judiciales[9] y las concernientes a las relaciones con países vecinos a los cuales se enviaría a los expulsados, en el improbable evento de que su insensato eslogan fuese practicable.

La otra consigna repetidamente coreada, por la oposición y también por algunos políticos oficialistas, vincula la regularización a lo que denominan “efecto llamado” que ella produciría, al incentivar nuevos ingresos de carácter irregular. Este machacón eslogan carece de antecedentes empíricos, tal como carece de fundamento verificado la repetida acusación al presidente Piñera, en el sentido que su ofrecimiento de acogida a emigrantes venezolanos, pronunciado en Cúcuta, fue el que produjo los ingresos ilegales. A los políticos y a algunos voceros exhibidos como “expertos” se les debe exigir un mínimo de rigor, para reconocer que los masivos ingresos de venezolanos vulnerables, tanto a Chile como a otros países, tienen su origen inequívoco en la crisis de Venezuela y no en llamados de ningún jefe de Estado, y que esta causal se repite en migraciones procedentes de cualquier otro país. Así lo demuestran estudios recientes de fuentes confiables, como el Banco Mundial[10].

Contrariamente a aquellos pregoneros, estimamos que, una vez concluido el empadronamiento, no existe justificación alguna para postergar la regularización migratoria de las personas que cumplen los criterios señalados por el Ejecutivo, que son los mismos que ha consagrado la Corte Suprema, en recientes fallos[11]. Así lo aprecian, también, las grandes entidades empresariales de nuestro país -CPC y SNA- que consideran la regularización como una necesidad “urgente” y “fundamental”, por lo cual “lo que está haciendo el subsecretario Luis Cordero está muy bien alineado”[12]. En el mismo sentido, siguiendo el magisterio del papa Francisco y las conclusiones de las Jornadas de Migración y Refugio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI)[13], se han pronunciado autoridades de la Iglesia[14].

La urgencia de proceder a la regularización de todas las personas que concurrieron al empadronamiento se acrecienta debido a la eventualidad de que Chile enfrente un recrudecimiento de la crisis migratoria regional, a partir de la inminente asunción de Donald Trump y del inicio irregular de un nuevo periodo de Maduro, para lo cual es indispensable tener ordenada la casa, en materia migratoria.

Desde luego, aquellos inmigrantes en situación de irregularidad que no concurrieron a empadronarse, porque han delinquido o ingresado al país poseyendo antecedentes penales constitutivos de prohibiciones imperativas de ingreso, no merecen permanecer en Chile y debiesen ser expulsados. Con todo, para la eficacia del procedimiento habrá que enfrentar los escollos para el rastreo policial de personas que viven en la clandestinidad y las demás dificultades, ya indicadas, para materializar miles de expulsiones. Si se tornase imposible expulsar a ese segmento de migrantes, ello significaría mantener, aunque en una dimensión menor, todos los efectos perjudiciales de la irregularidad migratoria.

Necesariamente, el Ejecutivo también debiese mantener y reforzar el control policial o militar de frontera, así como procurar una gestión delimitada de los nuevos flujos migratorios, tal como se ha definido en la Política Nacional Migratoria.

Por último, es requisito indispensable para evitar la penetración de nuevos flujos irregulares masivos, que el gobierno de Chile lidere la corresponsabilidad de la gestión migratoria con los demás gobiernos de la Región, en lo posible, mediante el establecimiento de una prorrata equitativa de recepción de inmigrantes por país.

La hora actual no es para escuchar a agitadores que, compitiendo en paroxismo populista, vulgarizan una materia tan compleja como el fenómeno migratorio, mediante bravuconadas que solo atienden a sus particulares conveniencias electorales. No. Es la hora de respaldar el único camino serio para asegurar una migración segura, ordenada y regular. 

Fuente: lanuevamirada.cl

[1] Resolución Exenta N° 2071, Ministerio del Interior, 1998.

[2] Resolución Exenta 36.339, Ministerio del Interior, 2007.

[3] Resolución Exenta 1.965, Ministerio del Interior, 2018.

[4] Ley ° 21.325, artículo octavo transitorio.

[5] La cifra es solo estimada, debido a que, en octubre de 2021, se produjo la caída del Sistema B3000, principal base de datos del Servicio Nacional de Migraciones, experimentó una grave caída en octubre de 2021.

[6] Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, artículo 69.

[7] Apreciación propia, a partir de datos de la PDI y del SERMIG.

[8] Director del SERMIG, en sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, 04.06.2024). Agregó que, para comenzar a practicar las resoluciones pendientes, se requeriría $49.000.000, pero que el presupuesto aprobado es de $3.500.000.000 y solo alcanza para practicar dos mil expulsiones.

[9] Un porcentaje importante de las personas sobre las cuales pesa orden de expulsión recurre a los tribunales superiores y obtiene, en un apreciable porcentaje, sentencias favorables.

[10] Banco Mundial (2023), Informe sobre el desarrollo mundial 2023: Migrantes, refugiados y sociedades, cuadernillo del panorama general, Washington, DC. (CC BY 3.0 IGO).

[11] Corte Suprema, Roles N° 55.680-2024, N°30.936-2024, N°20.497-2024.

[12] Emol.com. 12.12.2024

[13] INCAMI, XXIV Jornadas de Migración y Refugio, 04.09.2024.

[14] Secretario General de la Conferencia Episcopal, Mons. Sergio Pérez de Arce, Emol.14.12.2024

Jaime Esponda F.

Profesor de Derecho Migratorio.  Exasesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones (2000-2023).