¿Y qué hay de los derechos culturales?

Parecen haberse dejado atrás dos discusiones que estaban vivas hasta hace muy poco: si los derechos sociales existen como tales y si deben o no estar en el texto de la Constitución. Pero “mucha menos atención se dedica a los derechos culturales, que también estarán en la nueva Constitución y de una manera más explícita de la muy vaga y falta de compromiso con que se refirió a ellos la de 1980 […] La cultura no es un aderezo del desarrollo de los países, sino parte constitutiva de ese desarrollo”.

La expansión de los derechos fundamentales es uno de los procesos más visibles que han tenido desde que empezó a hablarse de ellos, bajo ese nombre o del de “derechos humanos”, a inicios de la modernidad. Guste o no a algunos y compliquen o no el concepto que se tiene de ellos, lo cierto es que los derechos fundamentales se han expandido, y ante un hecho como ese, como ante cualquier otro, solo cabe reconocerlo y, acto seguido, intentar comprenderlo y, asimismo, evaluarlo en sus efectos y proyecciones futuras. Creer que los derechos fundamentales quedaron congelados en la primera clase o generación de los mismos –la de los derechos civiles o personales-, o acaso en la segunda –la de los derechos políticos-, o tal vez en la tercera –la de los derechos económicos, sociales y culturales- constituye un error histórico y, casi siempre, una apreciación conservadora de aquellos que temen a la expansión de los derechos y se resisten a que ella pueda dañar sus intereses.

A esas tres clases de derecho se han sumado luego los de carácter medioambiental, y, más recientemente, los derechos digitales de conexión y de capacitación en tal sentido. Se habla incluso de neuroderechos, concernientes a nuestra identidad, integridad mental y autonomía para tomar decisiones, y ya se ve que la cosa no para ni va a parar tampoco en el futuro. No todos los derechos de las personas son fundamentales –la mayoría en realidad no lo son-, pero estos últimos, que adscriben a los sujetos de manera universal, tienen la propiedad de expandirse. En otras palabras, los derechos fundamentales nacen cuando pueden, y ello explica que los de carácter digital y los más recientes neuroderechos solo pudieran hacerlo en el momento en que el desarrollo de ciertas tecnologías los hizo posibles y necesarios.

Estamos hablando mucho de derechos sociales, enhorabuena, y ya parecen haberse dejado atrás dos discusiones que estaban vivas hasta hace muy poco: si existen como tales y si deben o no estar en el texto de la Constitución. Nadie niega ya que existen y que deberán estar en nuestra próxima Constitución quedando pendiente únicamente el acuerdo acerca de cómo tendrán que ser garantizados. Señal entonces de que avanzamos.

Mucha menos atención se dedica a los derechos culturales, que también estarán en la nueva Constitución y de una manera más explícita de la muy vaga y falta de compromiso con que se refirió a ellos la de 1980: “…corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”.

Derecho a participar en la vida cultural del país; derecho a acceder a bienes culturales; derecho a la libre creación, producción y difusión artística; y derechos de creadores, artistas y productores a obtener los beneficios espirituales y materiales de las obras de que son autores. Eso es, cuando menos, lo que debería esperarse en materia de derechos culturales, sin perjuicio de que, en ese marco constitucional, las políticas públicas de los gobiernos, las leyes ordinarias o comunes que apruebe el Congreso, las resoluciones de las autoridades administrativas y las sentencias de los jueces, desarrollen tales derechos y faciliten su ejercicio por parte de los individuos y las organizaciones culturales.

En esa línea, como de hecho ya la tiene el país, es preciso contar con una institucionalidad cultural pública, con políticas culturales igualmente públicas, con personal capacitado a cargo de aquella y estas, y, desde luego, con presupuestos públicos para la cultura y facilitación y apoyo a las iniciativas culturales que provengan directamente de la sociedad civil.

Resulta curioso, pero Chile se encuentra bien en los distintos aspectos recién mencionados, mas no en cuanto a la declaración, precisión y garantía de los derechos culturales. Ese es el paso que nos falta dar ahora, de manera que lo que el Estado haga por la cultura sea el resultado de un deber que pesa sobre él y no de la mayor o menor sensibilidad que en esta materia puedan tener los sucesivos gobernantes, legisladores y otras autoridades.

La cultura no es un aderezo del desarrollo de los países, sino parte constitutiva de ese desarrollo.