América Latina: Los cambios postpandemia

En este artículo en profundidad realizamos un balance de los efectos provocados por el coronavirus en nuestra región durante 2020, identificamos los principales desafíos y amenazas que América Latina enfrenta y proponemos una agenda pragmática que ponga acento en las oportunidades para lograr una respuesta eficaz a esta profunda e inédita crisis.

El miércoles 26 de febrero de 2020, Brasil reportó el primer caso de una persona contagiada con el virus SARS-CoV-2. El 7 de marzo, falleció en Argentina la primera persona a causa de covid-19. Apenas cuatro días después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus era una pandemia global. A partir de esa fecha y hasta nuestros días, todos los países de América Latina comenzaron a reportar un número creciente de contagios y de muertes.

En este artículo en profundidad realizamos un balance de los efectos provocados por el coronavirus en nuestra región durante 2020, identificamos los principales desafíos y amenazas que América Latina enfrenta y proponemos una agenda pragmática que ponga acento en las oportunidades para una respuesta oportuna y eficaz a esta profunda e inédita crisis.

Para una rápida ojeada de los contenidos del artículo, hemos realizado un resumen de las ideas principales.

Resumen del artículo

A pesar de haber tenido tiempo para prepararse, el covid-19 golpeó con fuerza a América Latina. La región presentaba una combinación letal de Estados débiles, sistemas de salud frágiles, baja calidad institucional y altos niveles de desigualdad, informalidad y pobreza.

Distintos gobiernos han adoptado diferentes medidas para enfrentar el coronavirus, desde confinamientos estrictos hasta mitigar sus efectos. Los resultados han sido desastrosos en términos de víctimas. Solo puede decirse que Uruguay ha salido airoso.

Mientras la CEPAL calcula que a nivel regional el desempleo llegaría a 13,5%, la tasa de pobreza se alzaría a un 37,3%. A su vez, la tasa de pobreza extrema aumentaría a 15,5%. Es decir, la pobreza aumentará en 45 millones de personas hasta llegar a un total de 230 millones de personas.

El escenario económico estará marcado por una contracción de más de 8% del PIB regional, lo cual implica la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, y su duración es incierta.

La década que acaba de empezar será extremadamente dura. Pero creemos que la crisis sistémica que desencadenó la pandemia del coronavirus es también una oportunidad para repensar nuestro modelo de desarrollo, construir un nuevo contrato social y avanzar hacia una democracia más inclusiva, resiliente y de mejor calidad; un anhelo que muchos ciudadanos expresaron en las protestas sociales de 2019 y que podrían reeditarse cuando retroceda la pandemia.

El esfuerzo fiscal de América Latina se traducirá en una mayor deuda. Esta situación abrirá un nuevo debate sobre la forma de solventar a futuro el enorme déficit. Las reformas tributarias y la eficiencia del gasto social ocuparán los primeros lugares en la agenda política de la región.

Para encarar las consecuencias de la pandemia, varios gobiernos recurrieron a medidas excepcionales como posponer elecciones y otros han otorgado un papel protagónico a las fuerzas armadas. Por lo mismo, la emergencia podría configurar un escenario propicio para la adopción de poderes especiales que obligan estar alerta ante los riesgos de deterioro o incluso de retroceso democrático. Si bien ninguna de las democracias latinoamericanas ha sufrido una regresión autoritaria, un número importante atraviesa tensiones políticas.

Existe una inevitable bipolaridad entre Estados Unidos y China que puede constituirse en una barrera para la autonomía económica internacional de América Latina, si adquiere la modalidad de una de nueva Guerra Fría, con todas sus diferencias y similitudes.

Surge la necesidad de un nuevo pacto social en América que debería contemplar la implantación progresiva de un ingreso básico universal, indispensable para absorber el impacto de la pandemia y de los cambios tecnológicos sobre el empleo.

Sin una acción enérgica en favor de la alfabetización digital de los trabajadores se elevará la desigualdad por la pérdida de empleos en la región. Existen interesantes iniciativas desde donde adoptar lecciones, como los programas singapurenses Workforce Singapore y SkillsFuture, que buscan capacitar a los trabajadores con las habilidades que se requieren para competir en la nueva economía. Solo así se generará un salto de productividad.

Si América Latina quiere recuperar el crecimiento sobre nuevas bases productivas para sustentar el bienestar social, deberá adoptar medidas para mejorar su seguridad alimentaria y sanitaria, mitigar los efectos del cambio climático y preparar una nueva generación de funcionarios públicos que ayuden a conducir sus países de forma más estratégica (o menos ideológica), haciendo uso de la tecnología, pero sin perder contacto con los ciudadanos.

Una prioridad central será crear un sistema de salud público potente al que accedan todos los habitantes en condiciones de real igualdad.

Un planeta sustentable y una mejor calidad de vida exigirán de otra distribución de la población sobre el territorio, donde la digitalización puede ayudar a desconcentrar las megaciudades latinoamericanas.

América Latina puede iniciar una política de desarrollo productivo fundada en tecnologías avanzadas, que den más valor agregado y complejidad a las economías. Para ello es necesario concebir una nueva política de desarrollo productivo, sobre la base de objetivos y medidas eficaces para materializarla, apoyándose en plataformas público-privadas.

La gobernabilidad democrática es la condición esencial para la superación de la  crisis y la realización  de las  reformas necesarias en América Latina. Los acuerdos amplios y mayoritarios son indispensables para evitar la polarización política y la consiguiente paralización de la acción pública. La polarización conlleva el riesgo de caer en un autoritarismo o populismo, ya sea por una demanda de orden a toda costa o la creencia de que existen soluciones fáciles a temas complejos. Por eso se necesita ensayar nuevos mecanismos, diálogos y participación permanente a todo nivel, que garanticen la inclusión de una ciudadanía empoderada.

Hoy la calidad de las instituciones y del liderazgo político importan más que nunca para poder sentar las bases de una democracia de nueva generación, de calidad, inclusiva, transparente, respetuosa de los derechos humanos y, sobre todo, resiliente, es decir, con capacidad para afrontar crisis y desafíos complejos, sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse. Democracia debe ser sinónimo de buen gobierno.

América Latina tiene un serio problema de seguridad, que se refleja en los cientos de miles de homicidios que se cometen al año y en el hecho de contar con más de 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo. La recuperación del espacio público y el desmonte de las economías ilegales es una prioridad. Esto también tiene que ver con democratizar el acceso a la seguridad. Es necesaria una reforma a las policías, los sistemas judiciales y carcelarios. Mientras las fuerzas armadas pueden asumir tareas como la atención de emergencias y protección de recursos naturales.

Las personas demandan protección, seguridad y un bienestar básico para todos. Tras la pandemia, la relación entre mercado y Estado va a sufrir un giro apreciable, el Estado saldrá fortalecido. Es lo que muchos ciudadanos de América Latina están exigiendo: un Estado fuerte, eficaz y transparente que asegure las condiciones mínimas para vivir de manera digna.

Las sociedades latinoamericanas deben priorizar el establecimiento de servicios básicos para todos —en áreas como salud, empleo y educación — de lo contrario las protestas sociales, probablemente adquieran una magnitud mayor. El desafío en canalizar estas legítimas demandas ciudadanas para darles respuestas institucionales y sostenibles financieramente, en un periodo marcado por la caída del crecimiento y el aumento de la deuda pública.

No hay otra opción que empujar ambiciosas reformas para mejorar nuestra posición social, económica y democrática. Se quiere de una agenda que nos permita “pensar en lo posible antes que en lo probable”, decía el economista Albert O. Hirschman.

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