Estudio sobre el conflicto social (5): ¿Es posible superar la tensión entre política y técnica para no transformar a Chile en un país de pobres?

Para los autores no hay ninguna respuesta democrática apropiada a este tipo de pregunta “si las personas viviendo en condiciones de pobreza carecen de formas institucionales, recursos organizacionales y competencias políticas y técnicas para participar en las distintas instancias estatales -ejecutivas, parlamentarias y respectivos aparatos burocráticos-, en la búsqueda de un consenso sobre las mejores soluciones deseables y posibles. En la apreciación de los límites de lo posible la opinión técnica cumpliría un lugar importante, pero esto no significa renunciar a la definición de lo que es deseable según las exigencias de la justicia distributiva destinadas a corregir las desigualdades que el mercado desregulado tiende a generar de manera mecánica”.

Objeciones a la medición de la pobreza

En las entregas anteriores se abordó la vulnerabilidad de los estratos de más bajos ingresos y de la clase media en un contexto de crisis sanitaria y económica global. Se destacó que estos estratos siempre han estado expuestos a recaer a la situación de pobreza de la cual habían salido. Actualmente, más de la mitad de la población del país pertenece al estrato vulnerable y a la clase media de bajos ingresos. La drástica caída de la actividad económica y su consiguiente impacto en la pérdida de empleos provocado por el COVID-19 está generando un rápido deterioro en las condiciones de vida de estos grupos, lo que se está traduciendo en un incremento de la pobreza.

Uno de los temas abordados en la tercera entrega fue las diferencias en los cálculos de la línea de pobreza para un hogar de 4 personas: para la CEPAL era de $281.000, muy bajo si se compara con $417.000 estimado por LyD y $491.000 por la OCDE. Dichos montos corresponden a los años 2017-2018.

Si estos cálculos de la pobreza por ingresos no van acompañados de un análisis profundo de la realidad del país, pueden distorsionar la magnitud de la pobreza. Por ejemplo, Philip Alston -relator especial de la ONU sobre pobreza extrema entre 2014 y 2020- hace hincapié en que el umbral de pobreza extrema establecido por el Banco Mundial, correspondiente a un ingreso diario por persona de 1,9 dólares es muy bajo, ya que sólo permite una “subsistencia miserable”. Esto ha llevado a sobreestimar la disminución de la pobreza en el mundo, y a prestar crédito a la creencia de que las políticas procrecimiento, la privatización, la desregulación de los mercados y la caída en las tasas de tributación estarían permitiendo a un porcentaje significativo de la población mundial salir de la pobreza. Lo cierto es que casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5,5 dólares diarios y, como enfatiza Alston, se trata de 3.400 millones, una cifra que habría disminuido muy poco desde 1990[1].

Se hace especial mención de la apreciación de Alston porque la línea de pobreza y pobreza extrema fijada por el Banco Mundial es uno de los factores que se consideran al momento de fijar la línea de la pobreza en Chile, como vimos en la tercera entrega del Estudio sobre el conflicto social.

Entonces ¿qué tan real ha sido la drástica reducción de la pobreza en Chile desde 1990?

En marzo de 2020, el cálculo de la línea de pobreza para un hogar de 4 personas era de $450.165. Se trata de un valor muy bajo, si se considera que, de acuerdo a Fundación Sol, el gasto mediano de los hogares se eleva a $882.508[2].

Conforme a las investigaciones de la Fundación Sol, la población en condición de pobreza es mucho mayor al 8,6% indicado por el Ministerio de Desarrollo Social. Los economistas Gonzalo Durán y Marco Kremerman ya en 2018 cuestionaron la cifra de pobreza por ingresos. Si se consideran exclusivamente los ingresos del mundo del trabajo (ingresos laborales y pensiones contributivas), excluyendo subsidios y transferencias del Estado y alquiler imputado, la tasa de pobreza sube del 8,6% a un 29,4 %. Es importante constatar que “la metodología oficial establece que una familia que es dueña de una vivienda (podría estar pagando el dividendo) u ocupa una a título de cesión de parte de familiares, por trabajo, o en usufructo, se le imputa como ingreso del hogar el equivalente al costo que tiene un arriendo en el sector o manzana donde habita. Así por ejemplo, en el caso de una persona sin trabajo, que tiene 65 años, y que es dueño de su vivienda o sigue pagándola vía dividendos, tendrá un ingreso equivalente a lo que se paga en arriendo en el lugar donde vive. Esta persona puede ser que actualmente no tengan dinero ni siquiera para comer, pero en las encuestas aparecerá con un ingreso ‘por alquiler imputado’ y si ese dinero es mayor al monto establecido para la línea de pobreza correspondiente a la composición del hogar, se clasificará como una persona ‘no pobre’”[3].

Sin embargo, esto no debe llevarnos a desconocer el importante papel que han jugado los subsidios y transferencias del Estado en la disminución de la pobreza en los últimos 30 años de gobiernos democráticos.

Si se admite el cálculo de Durán y Kremerman, sería necesario replantear la medición de la pobreza en nuestro país. También se debería revisar la manera en que se estratifica a la población de acuerdo con su nivel de ingreso.

¿Creció efectivamente la clase media? ¿o simplemente hay un segmento de la población que se volvió menos pobre sin llegar a transformarse en clase media, de acuerdo a los criterios de Fundación Sol, muy acordes con las observaciones de Philip Alston?

La brusca caída de los ingresos impulsó un acuerdo entre gobierno y oposición para elaborar un “Plan de Emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo. Una de las bases del plan contempla un marco fiscal de gasto adicional por 12 mil millones de dólares para los próximos 24 meses, lo que coloca un límite al aumento de la deuda bruta hasta un nivel en torno a 45% del PIB[4]. Estas iniciativas han sido objetadas por su incongruencia con la gravedad de la crisis económica y social[5].

Dadas estas objeciones ¿qué debería y podría hacerse para contribuir a la reducción de los millones de personas que vivirán en condiciones de pobreza?

No hay ninguna respuesta democrática adecuada a este tipo de pregunta, si las personas viviendo en condiciones de pobreza carecen de formas institucionales, recursos organizacionales y competencias políticas y técnicas para participar en las distintas instancias estatales – ejecutivas, parlamentarias y respectivos aparatos burocráticos-, en la búsqueda de un consenso sobre las mejores soluciones deseables y posibles. En la apreciación de los límites de lo posible la opinión técnica cumpliría un lugar importante, pero esto no significa renunciar a la definición de lo que es deseable según las exigencias de la justicia distributiva destinadas a corregir las desigualdades que el mercado desregulado tiende a generar de manera mecánica.

Ciertamente, lo que se ha llamado respuesta democrática implica un cambio de gran envergadura que afecta las normas e instituciones que estructuran las prácticas sociales. Las instituciones son el resultado de conflictos y acuerdos entre los actores sociales que dan lugar a la constitución de la sociedad en conformidad con sus valores e intereses. El cambio de valores e intereses representa un cambio cultural y su interacción con el cambio político genera el cambio social. El cambio político acontece cuando el sistema político se apropia de los nuevos valores. Los actores que pretenden cambiar los valores e intereses vigentes en discontinuidad con la racionalidad incorporada en la institucionalidad existente, son los portadores de las políticas insurgentes. A diferencia de los partidos políticos empeñados en la gestión de las instituciones convencionales, los movimientos sociales representan una gran oportunidad para la profundización de la democracia. Al reclamar una mayor democracia participativa, puede llegar a generar y legitimar nuevas formas de democracia representativa[6].

La clase media empobrecida

Un aspecto que es necesario resaltar con respecto a la participación de la clase media empobrecida en los procesos de deliberación política y técnica, es que a diferencia del pasado hoy se encuentra más fragmentada que nunca en distintos estratos socioeconómicos según la calidad de sus ocupaciones: ingreso, estabilidad y seguridad social. Lo anterior también condiciona sus posibilidades para constituir formas asociativas, como los sindicatos, competencias para negociar sus condiciones salariales y protección laboral. Además, por las mismas razones sus formas de autoidentificación y orientaciones políticas no son unívocas, como tampoco lo son las propuestas programáticas de los partidos que antes se sostenían en una estructura de clases hoy en proceso de transformación acelerada acicateada por el avance de la robotización y la globalización.

Por otra parte, hoy han surgido nuevos actores políticos, especialmente jóvenes y mujeres que no se identifican con los partidos tradicionales de izquierda y de derecha que buscan sus propias formas organizativas, y no gozan de un solo liderazgo y un programa único. Son muchos movimientos y muchas demandas.

La observancia de los requerimientos democráticos mencionados relativos a la necesidad de generar canales de participación y desarrollo de recursos organizacionales y competencias deliberativas políticas y técnicas por parte de los estratos empobrecidos, no son en absoluto afines con el comportamiento de Estados tecno – burocráticos. Estos abandonan la deliberación política y asumen una supuesta razón técnica que se transforma de este modo en sustituto de la deliberación política. Estos Estados han desvalorizado la discusión sobre el sentido de la vida en sociedad.

Con respeto a la conciencia tecnocrática, Habermas ha sostenido que en la medida que no expresa un proyecto colectivo que manifieste un acuerdo sobre la vida justa y buena, es más resistible a la crítica sobre el alcance de su realización. La tecnología predefine ese proyecto limitado a asegurar la realización de las tareas relacionadas con la mantención del sistema: condiciones de valorización del capital, utilización privada del capital y distribución política de los beneficios sociales que garanticen la lealtad de la ciudadanía. Los logros que justifican el sistema no pueden ser interpretados necesariamente en términos políticos. La interpretación inmediata sólo se considera aceptable en términos de la distribución de dinero y tiempo libre. Esa aceptación se lleva a cabo a través de la obstrucción de la discusión sobre los asuntos vitales que interesan a la ciudadanía, pero estos sólo se pueden decidir políticamente.

La conciencia tecnocrática refleja el quiebre de la moral, que es reprimida como categoría relevante de la vida humana, prescindiendo de las formas de socialización e individuación mediante la comunicación libre de cualquiera dominación. El pensamiento positivista transforma en prescindible la integración mediante el lenguaje, pero esto puede ser detectado mediante un ejercicio de reflexión.

La despolitización, legitimada a través de la conciencia tecnocrática, es al mismo tiempo una reificación de las personas, esto es su transformación en cosas u objetos. Esto ocurre cuando en la interacción social predomina la acción instrumental que remite su legitimidad a la supuesta idoneidad técnica de los medios aplicados para asegurar los factores condicionantes de la reproducción de los fines del sistema ya referidos anteriormente – condiciones de valorización del capital, utilización privada del capital y distribución política de los beneficios sociales que garantizan la lealtad de la ciudadanía -. En la actual crisis global del sistema, lo que está presente de un modo conspicuo es el incumplimiento de las promesas de bienestar, lo cual define típicamente una crisis de legitimidad. Pero esta crisis también puede dar lugar o ser coetánea con una crisis de motivación y de responsabilidad en la personalidad adulta. La técnica predomina en la elección de los medios y los fines.

La reificación de las personas también está presente cuando predomina la acción estratégica. La orientación básica de esta acción no es el entendimiento sino el éxito en los logros de determinados objetivos y es considerada válida en la medida en que sea eficaz. Puede ser abierta o encubierta (latente, solapada). Esta última puede cobrar forma mediante la manipulación o la comunicación sistemáticamente distorsionada. En la acción manipuladora el manipulador engaña a los participantes de la interacción social sobre su propia actitud actuando deliberadamente de un modo pseudoconsensual. La comunicación sistemáticamente distorsionada es considerada una patología de la comunicación resultante de una confusión entre acciones orientadas al entendimiento y acciones orientadas al éxito. Estas dos formas de acción estratégica encubierta definen la esencia de lo que podemos llamar con propiedad como acciones de tipo ideológico.

Así entonces, la conciencia tecnocrática se transforma en un sustituto de la deliberación política sobre la sociedad deseable y posible cuyo éxito depende de la imposición de la voluntad de dominio de algunos de los actores de la interacción sobre los otros mediante la manipulación o la comunicación sistemáticamente distorsionada.

Los modelos reificados de la ciencia migran al mundo de la vida sociocultural y se imponen al entendimiento.

Para Habermas, el capitalismo maduro estaría sufriendo una crisis en sus estructuras culturales, en los procesos de integración social y de socialización cuyo origen debe buscarse en los siguientes factores:

• primero, el incumplimiento de las promesas de bienestar, igualdad y libertad que fundamentarían su legitimidad;
• segundo, cuando las recompensas de la ideología del desempeño y la practicidad, y las cargas del carrerismo individual socializadas por la cultura capitalista, no responden a las motivaciones no materiales o postmateriales con que las personas se sienten identificadas y dan sentido a sus vidas; y
• tercero, cuando los ciudadanos consiguen desarrollar sus competencias culturales y políticas para liberarse del poder ilegítimo de la acción política estratégica abierta o encubierta, consistente en la manipulación y la comunicación sistemáticamente distorsionada constitutivas de la acción ideológica.

Si el sistema pudiera seguir “desacoplando” la acción social de la existencia de motivos que orientan “el mundo de la vida” y la deliberación democrática, también podría esperarse que la crisis no tuviera lugar. Sin embargo, el motivo para aceptar la legitimidad de un sistema es la expectativa de que actúe en concordancia con el tipo de racionalidad en virtud de la cual su existencia es aceptada; y el motivo último para consentir el ejercicio del poder establecido es la creencia del sujeto de que, en caso de duda, pueda ser convencido discursivamente. La crisis podría entonces dar nacimiento a una reestructuración de la sociedad en discordia con la racionalidad capitalista, dominada por la acción instrumental y estratégica y la conciencia tecnocrática.

La legitimidad que da vida al orden normativo surge de la aceptación de motivos fundados en la estructura comunicativa de la acción. Si la acción social pudiera llevarse a cabo sin la existencia de motivos justificados debería modificarse la forma de la socialización y, con ella, la identidad de los sistemas socioculturales mismos. Sólo si los motivos del actuar dejaran de adecuarse a normas que requieren justificación, y sólo si las estructuras de personalidad ya no tuvieran que encontrar su unidad en sistemas de interpretación garantizadores de su identidad, la aceptación inmotivada de decisiones podría convertirse en una rutina irreprochable. En este caso, se evitaría una crisis del sistema^[7].

Para Habermas, aceptar la hipótesis de una conducta inmotivada, asociada al elevado grado de complejidad alcanzado por el sistema capitalista durante su proceso de evolución, implicaría dar por muerta la esperanza de poder organizar democráticamente una sociedad que responda a la interacción libre y razonada de personas que procuran la realización de los ideales de emancipación, individuación y extensión de la comunicación libre de cualquier forma de dominación. Aceptar la hipótesis de la actuación desmotivada significa concordar con la hipótesis del fin del individuo, declarada tan apresuradamente por las teorías pesimistas^[8].

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[1] Alston, Ph., “El coronavirus ha destapado otra pandemia que beneficia a los ricos: la de la pobreza”, Other News, 20 de julio de 2020.

[2] Kremerman, M., “Cuarentena con 100 “lucas” y la dignidad de los hogares chilenos”, CIPER Chile, 12 de mayo de 2020.

[3]Durán, G., y Kremerman, M., “La pobreza del “modelo” chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones”, Fundación Sol, Ideas para el Buen Vivir núm. 13, noviembre de 2018

[4] Ver dificultades en el avance del plan en Horst, B., “Cuando se ignora la Letra grande”, El Mercurio, 2 de agosto de 2020. Disponible en https://bit.ly/2CBC6bz

[5] Ver declaración del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, “Urge un programa fiscal más contundente y más solidario para enfrentar la crisis”, 24 de marzo de 2020. Disponible en https://bit.ly/3g3QfM9

[6] Castells, M., Comunicación y Poder, Madrid: Alianza, 2009; Redes de Indignación y Esperanza, Madrid: Alianza, 2012.

[7]Habermas, J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires: Amorrortu, 1989, 61-62.

[8] Ibíd., 167-168. Una extendida discusión de estos temas puede encontrarse en el estudio de la reflexión filosófica de Jürgen Habermas sobre la crisis en el capitalismo maduro, la reforma tributaria de 1990 y el proyecto de reforma de la Nueva Mayoría en Pizarro, C., ¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? otra manera de vivir y pensar, Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2020.