Crisóstomo Pizarro – Meritocracia y democracia no significan lo mismo

Dando continuidad a nuestra conversación con Agustín Squella sobre la igualdad real de oportunidades, esta columna sostiene que tal igualdad sólo podría realizarse si se otorgara una clara preferencia a los grupos menos aventajados. Esto exige la estricta observancia de los principios de justicia distributiva porque el mercado desregulado, las contingencias familiares y la suerte producen de manera mecánica desigualdades arbitrarias que la mera meritocracia no es capaz de resolver.

La meritocracia no conduce lisa y llanamente al avance del liberalismo igualitario o democrático propuesto por John Rawls. Es evidente que el mérito depende del desarrollo de las competencias, pero estas son tributarias del estatus socio-económico y familiar, de los talentos con que se nace y de la suerte. Estas circunstancias no son justas ni injustas, pero sí son arbitrarias, y pueden causar grandes injusticias. Los talentos deben considerarse como un acervo del conjunto de la sociedad, y deberían favorecerse en tanto también pudieran contribuir al mejoramiento del bienestar de los grupos menos aventajados. Cuando la democracia es vista en perspectiva histórica, ella se manifiesta como una lucha interminable contra los condicionantes de la exclusión que terminan desempeñando la función de competencias. Eran incompetentes para calificar como ciudadanos los esclavos, las mujeres, los que no poseían propiedad, los que no sabían leer ni escribir, los que no eran blancos. Todavía son excluidos los que no pertenecen a determinados grupos étnicos o religiosos, y los que no son connacionales.

La distinción entre algunas versiones del liberalismo económico – y en particular en su expresión en el neoliberalismo-, y el punto de vista aristocrático reside en que el primero rechaza las competencias heredadas como factores condicionantes de la jerarquía social, la cual se basaría ahora en los logros adquiridos en virtud de los propios méritos individuales. Sin embargo, las jerarquías sociales no desaparecen del todo porque ellas subsisten y se reproducen gracias al acceso a oportunidades desigualmente distribuidas. El mérito convierte a estos individuos en los mejores, dando origen a una nueva especie de aristocracia, presuntamente sabia, objetiva y libre de todo interés egoísta y privado. En el capitalismo avanzado, ese mérito está fuertemente vinculado con el conocimiento tecnocrático que se erige en sustituto de la deliberación democrática.

En una sociedad de mercado no sujeta a los principios de la justicia distributiva, la igualdad de oportunidades es meramente declarativa. En ella existe una clara disparidad entre distintas clases sociales en la posesión de los medios de vida, como en los derechos y privilegios derivados de posiciones de autoridad en el sistema político.

La cultura de las clases sociales de menores ingresos se empobrece, en tanto que la élite económica, política y tecnocrática, goza de una amplia base segura para la reproducción de sus condiciones de poder y de riqueza. El principio de la igualdad, cuando es aceptado seriamente y no de manera simplemente formal, transforma completamente la forma en que la sociedad asigna los beneficios distributivos. Conforme a este principio, los recursos para la educación, se destinarían prioritariamente a los menos aventajados y más aún, como reclama Rawls, el sistema educacional debería ser especialmente diseñado para destruir las barreras de clase[1]. Si se favoreciera también con estos recursos a los individuos mejor situados económicamente en la sociedad, se incurriría en un perjuicio de la justicia distributiva ya que ellos ya poseen las condiciones suficientes para desarrollar completamente sus capacidades productivas y llegar a ocupar altas posiciones en el sistema político.

Las reformas tributarias de tipo progresivo deben considerarse como instrumentos encaminados a crear reales oportunidades para el desarrollo de la libertad y de la igualdad, corrigiendo continuamente la desigual distribución de la riqueza que la familia y el mercado tienden a reproducir automáticamente. Piketty dice al respecto que cuando la tasa de rendimiento del capital supera constantemente la tasa del ingreso nacional, como ocurrió desde fines del siglo XIX hasta el inicio de la primera guerra mundial y parece volver a repetirse en el siglo XXI, el capitalismo produce de manera mecánica desigualdades insostenibles y arbitrarias, poniendo en tela de juicio de una manera radical los valores meritocráticos proclamados por la sociedad democrática[2].

Muchos autores sostienen que el auge de la meritocracia, muy condicionada por la “financialización de la economía”, es un factor muy importante en el aumento de las desigualdades observadas hoy a escala global. Craig Calhoun estima que en 1970 todos los instrumentos financieros representaban solamente un 25% de las inversiones totales, mientras que esta proporción representó en 2008 el 75%. Los activos financieros llegaron a equivaler 10 veces el PIB global. La financialización indujo a ganancias increíbles de los administradores de los instrumentos financieros. Los bonos que beneficiaron a los empleados de la industria de seguros en Nueva York en 2010 alcanzaron los 20,8 millones de dólares. Algunos ejemplos notables son los seguros para la cobertura de deudas impagas, permutas financieras y contrato de futuros, muchos de los cuales están hoy domiciliados en paraísos fiscales muy poco regulados o sin regulación.

La justicia distributiva cumple la función de preservar la “justicia de las porciones distributivas mediante la tributación y los reajustes necesarios sobre los derechos de propiedad”[3]. En este sentido destacan los impuestos a las donaciones y sucesión, los cuales no deben considerarse necesariamente como una simple cesión de derechos al Estado, sino como medidas para corregir la distribución de la riqueza y prevenir la concentración del poder, contrario a la equidad, libertad política y “justa igualdad de oportunidades […]. Por ejemplo la tributación progresiva debe aplicarse a la muerte del beneficiario […]. El recibir mediante una herencia una riqueza desigual no es más injusto, intrínsecamente, que el recibir por herencia una inteligencia desigual”[4].

Nuestra capacidad para apreciar el valor de la justicia distributiva no está condicionada solamente por nuestra propia idea de la justicia sino que también por las costumbres y las expectativas dominantes en nuestra sociedad. Es un error creer que una sociedad justa y buena sea aquella que define un elevado nivel de desarrollo material como su único y más importante fin colectivo. Como muy bien lo destaca Rawls, lo que los hombres quieren, en general, es un trabajo digno, sustentado en la libre colaboración que ellos puedan desarrollar con otros. En una sociedad justa, los hombres pertenecen a una sociedad cooperativa, y no a una sociedad meramente competitiva. Cuando la cooperación predomina sobre la competencia, nuestras relaciones pueden llevarnos a abandonar la insensata búsqueda del bienestar material conducente generalmente a una profunda vacuidad y falta de sentido de la vida y a desarrollar un nuevo sentido de la justicia[5].

La justa igualdad de oportunidades, supone un conjunto de instituciones que supere todos los obstáculos provenientes del talento, la clase social y la familia. Todas estas condiciones son circunstancias arbitrarias que podrían dar lugar a una violación de los principios de la justicia distributiva[6].

[1] Rawls, J., Teoría de la justicia,  México: Fondo de Cultura Económica, 1985, pág. 95.

[2] Piketty, T., El capital en el siglo XXI, Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión en español, 2014, pág. 42.

[3] Rawls, Teoría de la justicia, op. cit., pág. 315.

[4] Ibíd., pág. 315.

[5] Ibíd., pág. 330.

[6] Ibíd., pág. 315.

Crisóstomo Pizarro C.

MA. en Sociología y Doctor en Ciencia Política. Socio del Foro de Altos Estudios Sociales Valparaíso.